Recuperar la Esperanza

El primer actor responsable, señaló Latapí, es el gobierno federal, que pese al liderazgo que le otorga la Constitución en el ámbito educativo, no ha puesto lo necesario para atender al sector como prioridad, la verdadera prioridad no se manifiesta sólo en dinero, sino en la calidad de las decisiones, la determinación política y la capacidad de movilización, y en realidad la educación no ha sido objeto de la energía de los gobiernos federales para transformarla a fondo.

También señaló al magisterio como responsable de la situación educativa en México. Para una porción significativa de los maestros tampoco el mejoramiento cualitativo de la educación ha constituido una verdadera prioridad; los maestros, prisioneros del sindicato, se han acomodado a sus reglas y comportamientos, y se encuentran despojados de iniciativas propias, al grado que muchos mentores ven a su profesión solamente como un trabajo, un modus vivendi relativamente satisfactorio social y económicamente, y no como un compromiso cotidiano a la altura de las exigencias que les plantean sus alumnos.

Los ciudadanos también tienen parte de responsabilidad. Pablo Latapí expuso que la gran mayoría de mexicanos, con hijos en escuelas públicas o privadas, generalmente son indiferentes o están resignados ante las deficiencias del sistema educativo. Casi ningún padre de familia exige educación de calidad como derecho y más bien confunden servicio público gratuito con dádiva graciosa. No protestan porque se prive a sus hijos de clases por semanas o varios meses, por movilizaciones y huelgas; tampoco luchan por participar en las escuelas de sus hijos; prácticamente no forman organismos ciudadanos que pugnen por establecer leyes y procedimientos jurídicos para que el derecho a una buena educación sea exigible.

Los mexicanos son presa de su apatía: no se nos da la democracia, al menos todavía; modificar nuestras actitudes de resignación fatalista, de conformismo, de indolencia, llevará aún muchos años. Mientras nadie exija cuentas a los gobernantes, a los legisladores, a los secretarios de Educación (federal y estatales), a los directores de escuela y maestros o a los sindicatos, no mejorará la educación.